Los programas de vacunación generan ahorros cinco veces superiores a otras medidas preventivas como la cloración del agua, así como la no inversión en dichos programas se derivan costes económicos, sociales y asistenciales, según el informe El valor económico de la vacunación, ¿por qué la prevención es riqueza?, elaborado por Sanofi Pasteur MSD y presentado en Biospain 2014.

En términos generales, por cada euro invertido en vacunas se ahorran entre 4 ó 5 euros de costes directos (costes relacionados con el tratamiento de las enfermedades que previenen), según el estudio. En el caso de las vacunas infantiles, consideradas en su conjunto (difteria, tétanos, tos ferina, Hib, poliomielitis, sarampión, parotiditis, rubéola y Hepatitis B), el Sistema Nacional de Salud alcanza ahorros superiores a 5 euros en costes directos y a 17 euros en costes indirectos por cada euro invertido en ambos casos.

Igualmente, el estudio señala que la industria de las vacunas contribuye de manera esencial al desarrollo de la economía europea a través de su inversión en I+D y la generación de empleo. El 80% de la producción mundial de vacunas se concentra en Europa, y más del 60% de las fábricas de producción de los 32 principales productores de vacunas se encuentran en la zona euro. En el desarrollo de una vacuna se emplean hasta 33 meses y más de 500 millones de euros.

La elevada especialización e inversión requerida, explica que el mercado de las vacunas cuente con pocos fabricantes. En este especializado y limitado contexto, poder garantizar el suministro de vacunas en un mercado con un incremento constante de la demanda requiere de un marco estable que permita a las compañías fabricantes mantener los niveles de inversión y producción actuales.

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La industria farmacéutica asentada en España invirtió 928 millones de euros en I+D en 2013, tal y como se desprende de los resultados de la Encuesta sobre Actividades de I+D que elabora cada año Farmaindustria entre sus asociados. Este dato, si bien supone un descenso del 4,6% con respecto al año anterior, consecuencia de los fuertes ajustes sufridos por el mercado farmacéutico, pone de manifiesto que el sector sigue firme en su propósito de liderar las inversiones en I+D industrial de nuestro país, como viene sucediendo en los últimos años.

De estos 928 millones de euros, cabe destacar que 377 millones, es decir alrededor del 41%, se destinaron a contratos de investigación con hospitales, universidades y centros públicos de investigación (lo que se denomina I+D extramuros). Este tipo de investigación es fundamental para el estudio de nuevos fármacos y para el desarrollo científico de estas instituciones y organismos y, desde 2003, la participación de gasto de la industria farmacéutica destinado a este propósito ha aumentado en más de cinco puntos porcentuales.

Por su parte, la investigación interna alcanzó un valor de 550 millones de euros, alrededor del 59% de la inversión total. El mayor porcentaje de estas inversiones se llevó a cabo en Cataluña, casi el 47%, frente al 39 % en Madrid y el 14% que se realizó en otras comunidades o en el extranjero.

En relación al empleo en estas actividades, el sector ocupó a 4.250 personas en 2013. Si bien esta cifra supone un leve descenso respecto a 2012, la cualificación del personal ha aumentado: el 84% de los empleos generados en I+D por la industria farmacéutica corresponde a titulados superiores (licenciados y doctores).

En cuanto a las partidas de gasto invertidas en I+D, la principal –como corresponde a las exigencias actuales de la investigación biomédica- fue la dedicada a ensayos clíni-cos, con algo más de 457 millones de euros. La investigación clínica llevada a cabo por la industria farmacéutica ha aumentado a un ritmo anual del 6% en los últimos 10 años. Por otro lado, la investigación básica, clave para el avance científico, se posicionó en segundo lugar con una inversión de más de 121 millones de euros.

Finalmente, la Encuesta constata el alza de la investigación en biotecnología, ya que el pasado año la industria farmacéutica invirtió 199 millones de euros en este tipo de investigación, lo que supone el 21,5% de la I+D farmacéutica en España.

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Este es el título de un programa gubernamental de amplia base destinado a los productores de alimentos y a los consumidores para reducir el consumo de sal y mejorar la salud.

Gracias a la iniciativa “Menos Sal, Más Vida”, los fabricantes de alimentos elaborados de la Argentina están rebajando voluntariamente el contenido en sal de más de 500 productos, los panaderos locales están reduciendo el sodio en el pan, y las familias están prescindiendo del salero en sus comidas.

Al menos el 30% de la población americana padece hipertensión, en gran parte debido al consumo excesivo de sal. Esto tiene como resultado miles de accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio y muertes prematuras, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, que apoyaron decididamente la iniciativa formulando recomendaciones sobre la aplicación de estrategias de reducción de la sal que fueron tomadas en consideración por las autoridades argentinas.

Después de que la Argentina se convirtiera en el segundo país del mundo detrás de Sudáfrica en aprobar un proyecto de ley integral para reducir el consumo de sal, el porcentaje de la población nacional que añade sal a los alimentos tras cocinar o sentarse a la mesa se redujo del 25% en 2009 al 17% en 2013.

El proyecto de ley para reducir el consumo de sal contempla:

La obligación de incluir etiquetas en los alimentos para advertir de los peligros del consumo excesivo de sal.

Limitar el tamaño de los paquetes de sal.

El Ministerio de Salud de la Argentina ha concertado acuerdos voluntarios de reducción de sal con los principales productores de alimentos elaborados del país. En poco tiempo, más de 50 productores clave convinieron en reducir en los años subsiguientes los niveles de sodio en 528 productos, como queso, galletas, pasta, salchichas y sopas, así como en diferentes tipos de pan. El consumo de pan representaba más del 25% del consumo total de sodio en el país.

Un estudio elaborado a partir de datos procedentes de seis países europeos relaciona el nivel educativo del paciente con el diagnóstico tardío y con que este tenga lugar en fases más avanzadas de la enfermedad. Incluso en el entorno de Europa occidental, donde son habituales los sistemas de asistencia sanitaria de carácter universal, se producen desigualdades de tipo socioeconómico en el acceso a las pruebas diagnósticas del VIH. Estas son las principales conclusiones de un estudio publicado en la revista AIDS.

Según los autores del estudio, es necesario implementar políticas y realizar intervenciones encaminadas a corregir aquellos determinantes socioeconómicos que producen retrasos en el diagnóstico del VIH y en el inicio de la terapia antirretroviral.

Es ampliamente conocida la existencia de una relación entre tener un nivel socioeconómico bajo y un menor uso del sistema de salud, incluso cuando la asistencia sanitaria es gratuita y accesible. Dada la fuerte asociación entre la epidemia del VIH y los grupos socialmente vulnerables –hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), usuarios de drogas inyectables, inmigrantes (incluidos aquellos en situación irregular)– el efecto del nivel socioeconómico en el diagnóstico y tratamiento de aquellas personas que viven con el VIH cobra una especial relevancia. No obstante, la investigación dirigida al VIH sobre este tema es muy escasa.

Por este motivo, se realizó un estudio de cohortes con datos procedentes de seis países incluidos en la Colaboración de Investigación Epidemiológica Observacional del VIH en Europa (COHERE). Se utilizaron datos de 15.414 personas diagnosticadas con VIH procedentes de Austria, Francia, Grecia, Italia, España y Suiza entre 1996 y 2011. Los resultados analizados en detalle fueron: diagnósticos tardíos de VIH (con un recuento de CD4 inferior a 350 células/mm3), diagnósticos de VIH en fase avanzada (con un recuento de CD4 inferior a 200 células/mm3 y comienzo tardío del tratamiento (recuento de CD4 inferior a 350 células/mm3). Se utilizó el nivel educativo como indicador indirecto de la situación socioeconómica. Concretamente, se tuvo en cuenta el nivel de estudios completados, según la Clasificación Internacional Normalizada (CINE) propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A pesar de que el nivel educativo no representa de forma unívoca la situación socioeconómica, era el único indicador disponible en todos los países del estudio de forma estandarizada. El estudio reflejó un porcentaje general de personas diagnosticadas de forma tardía del 62%, con un recuento de CD4 de 350 células/mm3 o menor. No obstante, la distribución no fue uniforme, dándose el diagnóstico tardío con mucha mayor frecuencia entre aquellas personas que no habían completado estudios primarios (73%) o que habían completado únicamente la educación básica (65%) que entre aquellas con educación secundaria (59%) o superior (55%).

De forma análoga, el porcentaje general de personas con enfermedad avanzada por VIH (recuento de CD4 inferior a 200 células/mm3) en el momento del diagnóstico fue del 40%, dándose una importante variación según el nivel educativo: un 52% en aquellas personas sin estudios primarios, un 45% entre aquellas con estudios básicos, un 37% en aquellas con educación superior y un 31% en las personas que habían completado estudios superiores.

El impacto de la educación en los resultados fue mayor en hombres que en mujeres, especialmente en el caso de HSH. También se apreció un mayor grado de desigualdad en años recientes, lo que resultó más evidente en el caso de Grecia, Italia y España. En lo referente al nivel de células CD4 en el momento del inicio del tratamiento, el valor fue de 173 células/mm3 para las personas sin estudios primarios completados, de 198 células/mm3 para las personas con estudios básicos, de 238 células/mm3 para las personas con educación secundaria y de 251 células/mm3 para las personas con educación superior.

Dicho impacto sería atribuible en gran medida aunque no de forma exclusiva, a un efecto del diagnóstico tardío: aquellas personas que han sido diagnosticadas más tarde empezarán el tratamiento, de forma casi inevitable, también más tarde. Al realizar un análisis solo con aquellos casos que habían sido diagnosticados pronto, se apreció que seguía existiendo una tendencia a un retraso en el inicio del tratamiento entre aquellas personas con menores niveles educativos. Los autores sugirieron posibles explicaciones para las desigualdades identificadas:

La educación es un indicador indirecto del nivel socioeconómico: aquellas personas con mayor nivel educativo tendrían mejores empleos, mejores salarios y más recursos materiales, lo que les permitiría un mejor acceso a los recursos de salud.

La gente con mayor nivel educativo tendría hábitos más saludables, lo que incluye la realización de pruebas del VIH tras haber mantenido conductas de riesgo.

La educación mejora el conocimiento sobre temas de salud, esto incluye aquellas decisiones relativas a la realización de pruebas del VIH y a iniciar a tiempo la terapia antirretroviral, en el caso de ser necesaria.

La educación se relaciona con factores sociales y psicológicos, incluyendo una mayor sensación de control, posición y apoyo social. Aquellas personas con mayor educación tienen que enfrentarse a menos obstáculos para acceder a los cuidados requeridos para tratar la infección por VIH, y son más «resistentes» al estigma que genera.

En el caso de España, según datos del informe de Vigilancia Epidemiológica, del Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH, el porcentaje general de diagnósticos tardíos en 2012 fue del 48% y el porcentaje de diagnósticos con enfermedad avanzada fue del 28%. El diagnóstico tardío aumentó con la edad, con un porcentaje del 66% en personas mayores de 49 años. Con relación al mecanismo de transmisión, hubo mayor frecuencia en el grupo de usuarios de drogas inyectadas, llegando al 64%, seguido por heterosexuales (59%) y, con la menor frecuencia, en el grupo de HSH (39%). Estos datos concuerdan con los resultados del presente estudio dado que, a pesar de la existencia de un sistema de salud público y del carácter confidencial de la prueba del VIH, casi la mitad de los diagnósticos de la infección se realizan de forma tardía.

La industria farmacéutica es el sector que más invierte en investigación y desarrollo (I+D) a nivel mundial y, aunque también se han visto afectados por la crisis económica global, están comenzando a resurgir la innovación y la productividad. Así se desprende de un informe elaborado por la consultora KPMG a raíz de una serie de entrevistas a directivos de compañías farmacéuticas, de las que un 58% presentaban ingresos superiores a los 5.000 millones de dólares anuales.

En concreto, los ejecutivos encuestados afirmaron que se está experimentando un resurgimiento de la innovación y solo uno de cada cuatro opinó que la innovación no se está revitalizando en el sector.

Según KPMG en España, el coste estimado de lanzar una nueva entidad química o biológica al mercado se ha más que triplicado, hasta alcanzar los 1.500 millones de dólares; pese a ello, y como aspecto positivo, el número de aprobaciones anuales de nuevos medicamentos por parte de la FDA ha aumentado, lo que se puede considerar como un signo prometedor.

El estudio de KPMG aborda el gran reto de la investigación a ojos de los directivos del sector en el área de I+D, y se analiza la forma de superar las barreras a la innovación.

En este sentido, casi dos tercios de los encuestados aseguran que entre los próximos cinco y diez años al menos la mitad de su presupuesto de I+D se ejecutará externamente, para lo que las empresas también están forjando alianzas más intensas con las universidades: Un fenómeno notable es la tendencia al outsourcing en la I+D, el partenariado y los proyectos de colaboración. Además, según el informe, a nivel mundial se prevé que la suma empleada en la externalización de proyectos para el descubrimiento de nuevos fármacos se duplique hasta alcanzar los 25.000 millones de dólares en 2018.

El informe recuerda que uno de los principales desafíos para la productividad es la gestión de riesgos en inversiones tan elevadas sin restringir la innovación, de ahí que las empresas del sector deban en ocasiones elaborar estrategias para mejorar los esfuerzos de I+D+i a través de la colaboración.

Finalmente, el informe recomienda que el valor del medicamento sea medido en términos de resultados y de mejora de la calidad de vida del paciente, y que ésta sea la guía para la toma de decisiones en todas las fases del ciclo de la investigación farmacéutica.

• http://www.kpmg.es

A partir de la aparición del primer antirretroviral, para el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el panorama sanitario de esta mortal patología en sus inicios ha cambiado drásticamente, convirtiéndose en una patología crónica, prácticamente controlada. La administración de una terapia triple consigue reducir la carga viral plasmática a <50 copias por mL, manteniéndolo durante tiempo. De esta forma, de la mortal enfermedad en los años 80 ha pasado a otra, en donde los pacientes viven prácticamente el mismo tiempo que cualquier persona no infectada. Cabe concluir de lo expuesto que el tratamiento antirretroviral que se recomienda hoy día es muy efectivo; no obstante, ello representa un coste importante a nuestro limitado –presupuestariamente hablando- sistema de salud, por lo que se precisa de un estudio económico que evalúe su eficiencia.

Cada año, el Grupo de Expertos de Sida (GESIDA) en España, indica el tratamiento inicial de pacientes naives (sin tratamiento previo). Entre ellos, algunos se han considerado como preferentes por la totalidad del grupo y el Plan Nacional sobre el SIDA, como TDF/FTC/EFV y TDF/FTC más ATV/r, DRV/r o RAL (siendo: TDF: tenofovir; FTC: emtricitabina; EFV: efavirenz; ATV: atazanavir; r: potenciado con ritonavir; DRV: darunavir y RAL: raltegravir).

Para el estudio, los autores³ diseñaron un árbol de decisión que simula la evolución de cada tratamiento analizado, respecto de la eficacia mostrada, los efectos adversos observados y los abandonos producidos, todos ellos a partir de los ensayos clínicos efectuados. En dicho modelo, los pacientes entran al inicio de cada tratamiento, en cuyo caso pueden finalizar el mismo –mostrando la consecución o no del éxito terapéutico- o abandonar por diversas causas (efectos adversos, fallo virológico, pérdida del paciente, no adherencia al tratamiento, embarazo, muerte u otros). El horizonte temporal analizado es de 48 meses.

El beneficio analizado, la eficacia, se midió mediante la tasa de respuesta, considerando ésta como la consecución de una carga viral indetectable de menos de 50 copias por mL en la semana 48 desde el inicio del tratamiento.

Dada la perspectiva del análisis, del sistema nacional de salud, se incluyeron sólo los costes sanitarios directos que fueran diferenciales en las diferentes alternativas, a saber, tratamiento antirretroviral, manejo de los efectos adversos, estudio genotípico de resistencias y determinación de HLA B*5701.

Los resultados obtenidos deben analizarse con cautela pues se expresaron en el coste necesario para conseguir un paciente con respuesta terapéutica a los 48 meses, en vez de estimar el coste incremental de obtener un paciente adicional con respuesta de una alternativa terapéutica más costosa respecto de otra –para analizar la eficiencia relativa de uno respecto de otro. En ese caso, se podría estimar si una terapéutica más eficaz pero también más costosa supone o no una adecuada asignación de los recursos.

Los datos de resultados, en el caso base, se describen en la Tabla 3.

Con los resultados obtenidos, los autores concluyen que, considerando el precio oficial de los tratamientos antirretrovirales, la pauta TDF/FCT/RPV presenta el menor ratio de coste por paciente con respuesta terapéutica.

(TDF: tenofovir; FTC: emtricitabina; EFV: efavirenz; ABC: abacavir; 3TC: lamivudina; RPV: rilpivirina;

NPV: nevirapina; ATV: atazanavir; r: potenciado con ritonavir; DRV: darunavir ; LPV: lopinavir y RAL:

raltegravir); (*) pauta preferente de tratamiento