El 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, promovido por Naciones Unidas. Para este año se ha elegido lema Abordar los desafíos de las drogas en las crisis humanitarias y de salud, con el fin de poner el foco en acontecimientos como la pandemia provocada por la COVID-19 o la guerra de Ucrania y sus efectos sobre el consumo de estas sustancias.
Es preciso aclarar que, si bien, el término droga puede incluir en algunos campos a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad, comúnmente se refiere a aquellas sustancias psicoactivas sin fines terapéuticos, autoadministradas y con potencial de abuso o dependencia. Por tanto, no solo las drogas ilegales entrarían dentro de este concepto de abuso nocivo para la salud, sino también otras sustancias con potencial adictivo a pesar de tener una amplia aceptación social y regulación legal, como el tabaco y el alcohol. A partir de ahí, la realidad es que las adicciones a las drogas y su tráfico ilícito, incluido el contrabando, constituyen un problema sanitario, social y económico que traspasa fronteras y afecta a la seguridad y desarrollo sostenible de muchos países, y a numerosos sectores de la sociedad, especialmente a la juventud.
En este contexto y en el caso de España, la farmacia, como profesión sanitaria especialista en el medicamento y más accesible al ciudadano, constituye un activo esencial contra los desafíos que plantea la prevención y el consumo de droga.
En concreto, hay que destacar el papel que desempeña la red de 22.137 farmacias comunitarias. Porque, si bien una parte de los medicamentos empleados en el tratamiento de trastornos por consumo de estas sustancias son de dispensación y uso hospitalario, la amplia mayoría -sobre todo los más comúnmente usados para abordar la deshabituación tabáquica, el abuso de alcohol o el trastorno por uso de opioides- se dispensan en la farmacia comunitaria.
Prevenir el consumo, combatir sus efectos
Un papel que se ha visto reforzado durante la pandemia provocada por la COVID-19, que ha acelerado la integración efectiva de este recurso sanitario en el primer nivel asistencial del Sistema Nacional de Salud. Una red en la que desarrollan su labor más de 55.000 farmacéuticos colegiados y que diariamente presta servicio a más de 2,3 millones de ciudadanos. Todo ello, sitúa a la farmacia y al farmacéutico como un espacio y un agente de salud especialmente preparados para desarrollar acciones de prevención, transmitiendo información científicamente rigurosa sobre las drogas, y ofreciendo las diferentes opciones farmacológicas existentes para hacer frente a las adicciones.
En el desarrollo de estas funciones también es importante el arraigo social y territorial de la farmacia, pues una elevada proporción de los consumidores de drogas son adolescentes o adultos jóvenes que desarrollan su vida en el ámbito comunitario; que constituye el entorno adecuado para promover acciones que lleguen y sean accesibles a sus potenciales destinatarios.
De hecho, desde mediados de los años 80, la Organización Farmacéutica Colegial colabora y desarrolla acciones de salud pública vinculadas con el Plan Nacional sobre Drogas. Algunas de ellas son los programas de intercambio de jeringuillas o dispensación de metadona, que actualmente se desarrollan en seis Comunidades Autónomas.
También futo de ese compromiso de la profesión farmacéutica en la lucha contra este problema de salud pública que representan las drogas ilícitas, y cuya adicción tiene graves efectos en las personas y sus familias, es el punto farmacológico 161 Farmacoterapia de las drogodependencias. Este informe técnico aborda tanto aspectos relativos a su epidemiología y su farmacoterapia, como el papel que el farmacéutico puede desempeñar desde sus distintos ámbitos de actuación profesional, bajo el prisma de la prevención y el tratamiento y otros cuidados que necesitan estos pacientes.