El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha comparecido esta tarde en el Congreso de los Diputados, en el seno de la “Subcomisión relativa al estudio de la situación del sector veterinario en el Estado español”.

Jesús Aguilar comenzó su intervención con una declaración de apoyo a las reivindicaciones legítimas de los compañeros veterinarios para que “puedan ejercer con la flexibilidad y seguridad jurídica necesaria en la prescripción, que se valore adecuadamente su trabajo y que perciban la retribución que corresponde”.

Ha centrado su ponencia en la dispensación de los medicamentos veterinarios para animales de compañía y en el marco de garantías sanitarias que la regula.

En este sentido, Aguilar ha solicitado que se cumpla estrictamente la ley, que establece la incompatibilidad entre quién prescribe un medicamento veterinario y quién lo dispensa, “una separación de funciones que es garantía de independencia profesional y de protección de la salud de los animales y las personas frente a intereses económicos. Esta separación no es un formalismo, es un pilar básico del ordenamiento jurídico que garantiza que quien decide el tratamiento lo hace sólo y exclusivamente en función del criterio científico y clínico, no de un beneficio económico o de una disponibilidad limitada de medicamentos”.

Seguridad en la prescripción de medicamentos veterinarios

Jesús Aguilar ha explicado que en los últimos meses algunos colectivos han cuestionado el Real Decreto 666/2023, “una norma concebida para reforzar la seguridad y el control en la prescripción y dispensación de antibióticos veterinarios, en línea con la estrategia nacional y europea frente a las resistencias antimicrobianas”.

Su entrada en vigor estableció, entre otras medidas, la obligación del veterinario de comunicar todas las prescripciones de antibióticos veterinarios al sistema PRESVET. Este sistema de control ha evidenciado que la cesión de medicamentos, figura legal que permite entregar medicamentos para un uso muy limitado y sin ánimo de lucro, “no se estaba utilizando como herramienta excepcional, sino como práctica reiterada e incompatible con la ley”.

En relación con la reforma del RD 666/2023 planteada por el Ministerio de Agricultura, el presidente del Consejo General ha manifestado que “compartimos las medidas orientadas a reforzar la seguridad jurídica de la prescripción, pero nos oponemos frontalmente a que se modifique un principio básico de nuestro marco jurídico que evita los conflictos de interés y que iría en contra de lo que establece la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos”.

Asimismo, ha señalado que se debe atacar el problema donde está, y es en la falta de adaptación de los medicamentos veterinarios a las pautas posológicas habituales. “Enfoquemos el problema donde está, y no rompamos un modelo garantista que funciona”, ha dicho.

El presidente del Consejo General ha reclamado la urgencia de que la industria farmacéutica veterinaria ponga en el mercado envases de medicamentos veterinarios adecuados a las pautas posológicas habituales, muchos de ellos ya autorizados por la AEMPS, pero no comercializados por los laboratorios.

De acuerdo con lo anterior, ha señalado que en la actualidad el 70% de las prescripciones de antibióticos veterinarios para animales de compañía se concentran en tres principios activos (amoxicilina, metronidazol y doxiciclina), comprometiendo así la salud pública y la generación de resistencias. Del mismo modo, ha afirmado que “es imposible que una clínica veterinaria disponga de todo el arsenal terapéutico –que sin embargo sí puede tener una farmacia–, en todas sus formulaciones y vías de administración, para poder responder adecuadamente a las necesidades de cada animal en cada caso”.

El presidente del Consejo General ha recordado que las clínicas concentran el 77% del mercado de medicamentos veterinarios, más de 392 millones de euros, según datos de AMVAC (Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía) pese a que la ley establece que estos medicamentos solo pueden entregarse sin ánimo de lucro y de forma excepcional.

En relación con la normativa europea, Aguilar ha aclarado que “España aplica la normativa comunitaria exactamente igual que el resto de los Estados miembros, tanto en prescripción como en la trazabilidad de antimicrobianos. Hay países donde el suministro directo existe, sí, pero ninguno de ellos tiene un sistema de trazabilidad, farmacovigilancia y control comparable al español. España no es una excepción: España es un país con estándares más altos. Y abandonar un modelo que funciona, para ir hacia uno que reduce el control, sería dar un paso atrás en seguridad”.

No hay problema de acceso a los medicamentos veterinarios

Además, el presidente del Consejo General ha asegurado que no existe un problema de acceso ya que “la distribución farmacéutica cuenta con el 97 % de los antibióticos veterinarios que pueden ser dispensados en una farmacia, es decir, prácticamente la totalidad. Sin embargo, la mitad de las presentaciones comercializadas de antibióticos veterinarios no están adaptadas para poder ser dispensadas por las farmacias. El problema está aquí, con formatos de centenares de cápsulas o comprimidos, completamente alejados de las pautas posológicas. Casi el 20% de las presentaciones comercializadas de antibióticos no cuenta con ningún envase pequeño ajustado, a pesar de existir formatos autorizados por la AEMPS, pero que no se comercializan por los laboratorios responsables”.

Por último, Aguilar ha concluido reclamando a los grupos parlamentarios que garanticen el estricto cumplimiento de la ley en lo que se refiere a la separación entre prescripción y dispensación de medicamentos, ya que esta división garantiza la independencia profesional frente a intereses comerciales y protege la salud de los animales con las mismas garantías que se respetan, de forma incuestionable, en el ámbito de la salud humana.

También ha instado a “erradicar las prácticas irregulares con medidas de inspección y control que eviten el uso fraudulento de la figura de la cesión y la venta encubierta de medicamentos” en clínicas veterinarias, que, además, introducen falta de transparencia y sobrecostes para los ciudadanos.

Finalmente, ha explicado ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que “defender que los medicamentos veterinarios se dispensen exclusivamente por un farmacéutico no es defender un colectivo: es defender la salud pública, la seguridad del medicamento, la transparencia para el ciudadano y la prevención de resistencias antimicrobianas”.