Mayte Sancho Castiello. Directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Una sociedad que vive más años, que convive con enfermedades crónicas y que transita hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, necesita que la farmacia comunitaria asuma un papel que trasciende la dispensación: el de agente activo de salud y cohesión social. España cuenta ya con más de 9,3 millones de personas mayores de 65 años, (previsión de 14 millones en 2050; INE, 2023); un horizonte demográfico que es además de un reto estructural, una oportunidad para repensar quiénes cuidan, cómo cuidan y desde dónde lo hacen. La farmacia comunitaria, presente en cada barrio y pueblo del país, se sitúa en el centro de esa conversación.
El Alzheimer y otras demencias constituyen la principal causa de dependencia en nuestro contexto, siendo responsables de más del 60% de los casos registrados en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Su impacto económico es igualmente notable: se estima que el coste socioeconómico de la demencia en España supera los 30.000 millones de euros anuales, cifra equivalente a aproximadamente el 2,5–3% del PIB nacional. Más allá del impacto económico, estas enfermedades generan cargas psicosociales intensas sobre los cuidadores familiares (principalmente mujeres), que requieren apoyo profesional y comunitario sostenido.
Las políticas públicas orientadas a la atención a las personas mayores no pueden limitarse a la prestación de servicios sanitarios clásicos, sino que deben integrarse en una visión amplia de bienestar que considere los determinantes sociales de la salud: aislamiento social, participación comunitaria, equidad en el acceso a servicios y respeto a los derechos humanos en todas las etapas de la vida (OMS, 2015). En este marco, la farmacia comunitaria emerge como un recurso infrautilizado con un enorme potencial transformador.
La Reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD)
La LAPAD, aprobada en 2006, afronta su vigésimo aniversario con una reforma parlamentaria en tramitación que avanza hacia un modelo centrado en la persona: personalización de prestaciones, eliminación de la incompatibilidad entre prestaciones económicas y servicios, y reconocimiento de la teleasistencia universal como derecho subjetivo (Ministerio de Derechos Sociales, 2024). La propuesta también fortalece el SAAD mediante la incorporación del Grado III+ de dependencia extrema (ya en vigor BOE, 2025), con prestaciones que garantizan atención continuada para personas con enfermedades de alta complejidad, como la ELA, reconociendo explícitamente la heterogeneidad de los niveles de necesidad. Este giro conceptual, de la institucionalización al cuidado en la comunidad, conecta directamente con el papel de la farmacia como recurso de proximidad, en un contexto en el que envejecer en casa se consolida como eje vertebrador de las políticas de dependencia en España e internacionalmente.
La Farmacia Comunitaria como Agente Social: Más Allá de la Dispensación
La farmacia ha evolucionado desde la mera dispensación hacia un rol activo de salud pública y cohesión social (OMS, 2022). Los servicios farmacéuticos deben orientarse a la revisión de medicación, el consejo clínico personalizado y la farmacovigilancia comunitaria, especialmente en personas mayores polimedicadas (Pharmaceutical Group of the European Union, 2022). Esta reorientación tiene respaldo empírico: el programa MUR del NHS británico redujo sustantivamente los reingresos hospitalarios por errores de medicación en pacientes crónicos.
Asimismo, la farmacia ocupa una posición privilegiada para la identificación temprana de situaciones como la soledad o los síntomas depresivos, difícilmente detectables en otros entornos sanitarios.
Atención Integral y Seguridad Terapéutica
La polifarmacia (i.e., el uso simultáneo de cinco o más medicamentos) es frecuente en personas mayores con multimorbilidad y se asocia a hospitalización, reacciones adversas y deterioro funcional. En España, entre el 40% y el 60% de los mayores de 75 años la presenta, con porcentajes aún más elevados en residencias (Ministerio de Sanidad, 2022). La revisión farmacoterapéutica estructurada puede reducir estos riesgos, mejorar la adherencia y disminuir la prescripción inadecuada, aunque su impacto sobre resultados clínicos duros sigue siendo heterogéneo. El cuidado farmacéutico domiciliario, que combina revisión de medicación y seguimiento proactivo, mejora la continuidad asistencial y la seguridad terapéutica, especialmente en pacientes con movilidad reducida o en entornos rurales.
Identificación de Riesgos Psicosociales
Más allá de su rol sanitario, el farmacéutico comunitario ocupa una posición privilegiada para la identificación inicial de factores psicosociales de riesgo: signos de soledad, dificultades en el autocuidado, indicios de abuso de sustancias, deterioro cognitivo incipiente o barreras de acceso a servicios sociales. La frecuencia y regularidad de las visitas a la farmacia (superior en muchos casos a la del médico de cabecera), convierte al farmacéutico en uno de los profesionales con mayor contacto sostenido con personas mayores vulnerables.
La farmacia puede articular derivaciones a servicios sociales y programas de participación comunitaria, contribuyendo a reducir el aislamiento y fomentar la inclusión de las personas mayores. Para que esta función sea efectiva, es imprescindible establecer protocolos claros de coordinación entre el farmacéutico y los servicios sociales, así como delimitar las competencias de cada profesional, evitando solapamientos o lagunas en la atención.
Farmacia y Bienestar Social: Combatir la Soledad y el Edadismo
La soledad constituye uno de los grandes problemas de salud pública del siglo XXI. Su prevalencia en personas mayores en España se sitúa entre el 20% y el 30% según los estudios disponibles (Encuesta Nacional de Salud, 2017), y sus consecuencias sobre la salud son comparables en magnitud al tabaquismo: aumenta el riesgo de demencia, depresión, enfermedad cardiovascular y mortalidad prematura. Las farmacias, como espacios comunitarios accesibles y de uso frecuente, pueden funcionar como puntos de interacción social esenciales, especialmente en zonas rurales o barrios con alta concentración de personas mayores que viven solas.
Simultáneamente, el edadismo, esto es, la discriminación por razón de edad persiste como una barrera estructural que afecta la calidad de la atención que reciben las personas mayores, incluyendo sesgos en la toma de decisiones terapéuticas y en la valoración de sus necesidades subjetivas (OMS, 2021). La formación continua del farmacéutico en competencias sociales y éticas es indispensable para garantizar una atención que respete la dignidad, la autonomía y los valores de las personas mayores, con independencia de su edad o nivel de dependencia.
Integración de la Farmacia en la Coordinación Sociosanitaria
La reforma de la LAPAD impulsa una atención integrada en la que la farmacia, por su distribución capilar y elevada accesibilidad, puede actuar como nexo entre los niveles asistenciales (i.e., sanitario, social, residencial y de vivienda), facilitando la comunicación entre médicos, trabajadores sociales y cuidadores familiares. La implementación de sistemas de información integrados —historia clínica compartida, historia social única— mejora la coordinación, evita duplicidades y reduce errores de medicación, aunque plantea retos de interoperabilidad entre sistemas autonómicos, protección de datos y alfabetización digital. En este marco, la farmacia debe integrarse estructuralmente en los ecosistemas locales de cuidados, articulando junto a los servicios domiciliarios y de teleasistencia una red de apoyo real para las personas mayores y sus cuidadoras.
Políticas Públicas y Recomendaciones Estratégicas
La ampliación del rol social de la farmacia comunitaria requiere actuación coordinada en cuatro planos: (1) formación profesional, incorporando geriatría, gerontología social y competencias de habilidades sociales; (2) marco regulatorio y competencial, con protocolos claros de derivación y corresponsabilidad con atención primaria y servicios sociales; (3) integración en redes comunitarias de cuidados (ecosistemas de cuidados), participando formalmente en programas de prevención del aislamiento social y promoción de la salud mental; y (4) investigación e innovación, con estudios que contemplen evaluaciones de impacto social.
Esta agenda no está exenta de complejidad: implica tensiones corporativas, retos de financiación y heterogeneidades territoriales que deben abordarse explícitamente. El Imserso reconoce que fortalecer el rol social de la farmacia es una inversión en calidad de vida, sostenibilidad del sistema de cuidados.
*Artículo publicado en el libro «El Valor de la Farmacia. Una perspectiva social y sanitaria», una obra que reúne las reflexiones de más de 60 personalidades vinculadas al ámbito sanitario e institucional y que aborda el papel de la Farmacia en el sistema sanitario y en la sociedad desde perspectivas diversas. Su presentación tuvo lugar en el marco de una jornada organizada por el Consejo General con motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico.
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