José Martínez Olmos. Exsecretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad.
De manera parecida al resto de Europa, la sanidad española se enfrenta en esta década del siglo XXI, a una combinación inédita de retos estructurales: envejecimiento acelerado de la población, aumento de la cronicidad y la multimorbilidad, desigualdades sociales persistentes, tensiones de sostenibilidad financiera, escasez y sobrecarga de profesionales sanitarios, así como una transformación digital que avanza más rápido que la capacidad institucional para gobernarla.
En este contexto, resulta imprescindible revisar con una mirada estratégica el papel de todos los actores del sistema sanitario, en especial quienes tienen una enorme contribución real y potencial a la salud del conjunto de la sociedad: entre ellos, la profesión farmacéutica ocupa un lugar central en todos los espacios de su actividad profesional.
La red compuesta por más de 22.000 farmacias comunitarias en España en la que prestan servicios profesionales más de 55.000 farmacéuticos y farmacéuticas, constituye una de las infraestructuras sanitarias más capilares, estables y cercanas a la ciudadanía española; es una red distribuida por todo el territorio, incluidas zonas rurales y áreas con riesgo de despoblación, garantizando así una accesibilidad al sistema sanitario que ningún otro dispositivo puede ofrecer con la misma intensidad y continuidad. Esta presencia territorial no es solo un activo logístico: es, sobre todo, un recurso sanitario y social de primer orden, cuya potencialidad debe ser plenamente integrada en las políticas públicas de salud.
La cronicidad y la polimedicación, los retos relativos a la adherencia terapéutica, la detección precoz de problemas de salud y otros aspectos en el ámbito de la salud pública, hacen de la farmacia comunitaria un agente clave para aportar soluciones efectivas mediante la contribución de los profesionales farmacéuticos en colaboración con el equipo de salud, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria.
La cronicidad y la polimedicación, los retos relativos a la adherencia terapéutica, la detección precoz de problemas de salud y otros aspectos en el ámbito de la salud pública, hacen de la farmacia comunitaria un agente clave para aportar soluciones efectivas, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria»
Numerosos estudios internacionales han demostrado que los problemas relacionados con el uso inadecuado de los medicamentos generan una carga evitable de enfermedad, hospitalizaciones y gasto sanitario. En este terreno, el farmacéutico comunitario, integrado en estrategias coordinadas con Atención Primaria y con los servicios de salud pública, desempeña y puede desempeñar más aún, un papel decisivo.
En el campo de actuación de la farmacia hospitalaria, la trayectoria de los profesionales farmacéuticos aporta un enorme caudal de trabajo asistencial y de gestión del medicamento que tiene un reconocido prestigio y una gran utilidad para la gestión de la salud de los pacientes y para la eficiencia y efectividad de los servicios sanitarios.
La labor de la profesión farmacéutica para la adherencia terapéutica constituye un ejemplo paradigmático. En pacientes crónicos, la falta de adherencia se asocia a peores resultados en salud, mayor utilización de recursos sanitarios y mayor mortalidad. Intervenciones estructuradas desde la farmacia comunitaria, la farmacia de atención primaria o la farmacia hospitalaria, basadas en seguimiento farmacoterapéutico, revisión de la medicación y educación personalizada, han demostrado mejorar resultados clínicos y eficiencia. No se trata de sustituir a otros profesionales, sino de complementar el sistema desde una lógica de cooperación y valor añadido.
En el caso de la farmacia comunitaria, su aportación a las necesidades de salud de la población trasciende el ámbito estrictamente sanitario. La farmacia es también un agente social de proximidad, especialmente relevante para personas mayores, personas que viven solas, población con bajo nivel socioeconómico o ciudadanos con barreras de acceso al sistema sanitario. Durante la pandemia de COVID-19, esta dimensión quedó claramente visible: las farmacias comunitarias mantuvieron su actividad incluso en los momentos más críticos, actuando como puntos de información fiable, apoyo comunitario y continuidad asistencial cuando otros dispositivos estaban tensionados o inaccesibles. Esa experiencia debe ser analizada no como una excepción, sino como una evidencia de su papel estructural en la resiliencia del sistema sanitario.
La farmacia es también un agente social de proximidad, especialmente relevante para personas mayores, personas que viven solas, población con bajo nivel socioeconómico o ciudadanos con barreras de acceso al sistema sanitario»
En términos de cohesión territorial, la farmacia comunitaria ha demostrado ser un instrumento eficaz para garantizar equidad en el acceso a prestaciones básicas. En muchos municipios pequeños, la farmacia es el único recurso sanitario permanente. Su desaparición tendría consecuencias no solo sanitarias, sino también sociales y demográficas. Por ello, las políticas farmacéuticas deben incorporar explícitamente objetivos de cohesión territorial y lucha contra la despoblación, reconociendo el valor público de esta red.
La transformación digital del sistema sanitario abre, además, un nuevo escenario de oportunidades y riesgos para la farmacia. La digitalización del medicamento, la receta electrónica interoperable, el uso de datos para mejorar la seguridad y la eficiencia, o la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para apoyar el seguimiento farmacoterapéutico o las políticas de salud pública, pueden reforzar el papel del farmacéutico como profesional sanitario clave. Sin embargo, estos avances exigen gobernanza, regulación y criterios éticos claros.
La tecnología no debe servir para mercantilizar la relación con el paciente ni para fragmentar aún más el sistema, sino para reforzar la calidad, la equidad y la continuidad asistencial. La coordinación entre niveles asistenciales, entre profesionales y con el nivel sociosanitario tiene muchas posibilidades de mejora con la transformación digital.
Desde esta perspectiva la farmacia comunitaria en coordinación con la farmacia hospitalaria, deben ser consideradas un nodo relevante en el ecosistema de datos sanitarios, siempre con garantías de protección de la privacidad, uso responsable de la información y orientación al interés general.
La utilización de herramientas digitales para identificar interacciones, alertas de seguridad, problemas de adherencia o patrones de riesgo poblacional, puede aportar un valor incuestionable a las estrategias de salud, siempre que se integren en marcos de colaboración institucional y profesional con otras profesiones sanitarias.
La calidad no depende solo de grandes centros o de tecnologías sofisticadas; se construye también en la aplicación de una práctica clínica basada en la evidencia, en la continuidad del cuidado, en la seguridad del uso del medicamento y en la experiencia cotidiana de los pacientes. En este sentido, la farmacia comunitaria puede contribuir de forma decisiva a reducir eventos adversos, duplicidades terapéuticas y errores de medicación, especialmente en pacientes polimedicados. Integrar de forma sistemática la revisión de la medicación en los itinerarios asistenciales debería ser una prioridad estratégica del sistema.
La colaboración interprofesional es una condición imprescindible para avanzar en esta dirección. Superar visiones corporativas o compartimentos estancos es un reto pendiente del sistema sanitario español. El farmacéutico comunitario y el hospitalario deben ser parte activa de equipos multiprofesionales orientados a resultados en salud, con roles bien definidos, protocolos compartidos y sistemas de evaluación transparentes. Esta colaboración no debilita a ningún colectivo; al contrario, refuerza la capacidad del sistema para responder a necesidades complejas.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, es necesario actualizar el marco conceptual de la prestación farmacéutica. No basta con centrarse en el precio del medicamento o en el control eficiente del gasto. La política farmacéutica debe orientarse a maximizar valor en salud, entendiendo el medicamento y los servicios asociados como una inversión social. Esto implica incorporar indicadores de resultados en salud, calidad de vida y equidad, y reconocer aquellas prácticas profesionales que demuestran impacto positivo.
El farmacéutico comunitario y el hospitalario deben ser parte activa de equipos multiprofesionales orientados a resultados en salud, con roles bien definidos, protocolos compartidos y sistemas de evaluación transparentes»
Asimismo, la dimensión social de la farmacia comunitaria cobra especial relevancia en ámbitos como la violencia de género, la soledad no deseada, la discapacidad o la atención a colectivos vulnerables. Iniciativas desarrolladas en colaboración con administraciones públicas y organizaciones sociales han demostrado que la farmacia comunitaria puede ser un espacio seguro de detección precoz, orientación y derivación. Este papel social, lejos de ser accesorio, conecta directamente con una concepción moderna de la salud como bienestar integral y derecho ciudadano.
En un contexto de reformas pendientes del sistema sanitario, la profesión farmacéutica debe ser parte de la solución y no un actor periférico. Reconocer su aportación sanitaria y social no significa idealizarla ni eximirla de responsabilidades; implica exigir evidencia, evaluación y compromiso con los valores de calidad y equidad del sistema público. Pero también implica dotarla de marcos normativos y organizativos que permitan desplegar todo su potencial al servicio del interés general.
La España del siglo XXI necesita un sistema sanitario más integrado, más preventivo, más cercano y más justo. La profesión farmacéutica y, especialmente en el ámbito de la farmacia comunitaria por su posición estratégica entre el sistema y la ciudadanía, pueden y deben desempeñar un papel clave en esta transformación. Aprovechar esa oportunidad no es solo una cuestión profesional o sectorial: es una decisión de política pública con implicaciones directas sobre la salud, la cohesión social y la sostenibilidad del Estado del bienestar.
*Artículo publicado en el libro «El Valor de la Farmacia. Una perspectiva social y sanitaria», una obra que reúne las reflexiones de más de 60 personalidades vinculadas al ámbito sanitario e institucional y que aborda el papel de la Farmacia en el sistema sanitario y en la sociedad desde perspectivas diversas. Su presentación tuvo lugar en el marco de una jornada organizada por el Consejo General con motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico.
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