Alfonso Alonso. Exministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España.
La farmacia comunitaria, en su modelo mediterráneo, accesible y centrado en el paciente es una fortaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud que debemos proteger y cuidar frente a tentaciones liberalizadoras más enfocadas en la rentabilidad que en la dimensión asistencial de la oficina de farmacia. Hasta dos tercios de nuestras farmacias se ubican fuera de capitales de provincia y en no pocos casos son la única referencia sanitaria de su población, lo cual se traduce en una capilaridad y cercanía que es garantía de equidad y una oportunidad no suficientemente aprovechada de mejorar la atención sanitaria y la promoción de la salud.
La farmacia española pivota en torno a la figura del profesional farmacéutico anteponiendo la calidad de la atención, la seguridad del paciente, una relación de confianza, la continuidad asistencial y la adherencia a los tratamientos, en especial para los colectivos más vulnerables. Es, por tanto, garantía del derecho fundamental a la salud, en términos de cohesión y calidad.
La farmacia española es garantía del derecho fundamental a la salud, en términos de cohesión y calidad»
Sin embargo, hay otras visiones y una amenaza que sale de vez en cuando de su hibernación y nos obliga a la defensa activa del modelo. La conozco bien porque me tocó enfrentarla junto a los profesionales del sector durante mi etapa en el ministerio. Hay quien ve la farmacia como una tienda de medicamentos, meramente como una oportunidad de negocio.
Así ocurre en otros países, con graves repercusiones para la cobertura sanitaria de la población que habita lugares «no rentables» y una concentración de la dispensación en unas pocas cadenas que controlan la mayoría del mercado y reducen al facultativo farmacéutico a una posición subalterna donde prima la obtención de beneficios.
Es evidente que las oficinas de farmacia han de ser a un tiempo rentables y eficientes, pero son sobre todo establecimientos sanitarios al servicio del paciente. Se argumenta desde ámbitos económicos que una eventual liberalización abarataría precios y fomentaría la competencia. A la luz de las experiencias de otros países, no es nada claro que fuera a ser así, ya hemos señalado que el mercado tendería a concentrarse y los precios dependen de más factores, pero, en todo caso, ¿merece la pena sacrificar al lucro un modelo que es sentido como una «conquista social»?
Sin embargo, el modelo no se consolidará sin cambiar nada. Se necesitan ajustes en nuestro sistema de fijación de precios, cuestión candente y con muchos ángulos en la que ahora no voy a entrar.
También una reflexión sobre cómo afecta una mayor liberalización de los precios y cómo retribuir los servicios que se prestan desde las farmacias. E indudablemente, una profundización en la concepción que el propio Sistema Nacional de Salud tiene de su red de farmacias. La regulación no puede ser vista solo como un blindaje, tiene un sentido social. Si de verdad creemos que los más de 50.000 profesionales que ejercen en las oficinas de farmacia son agentes activos del Sistema Nacional de Salud hemos de reforzar su papel.
En tiempos de cambio demográfico, con una población crecientemente envejecida, que vive más tiempo, pero con aumento de la cronicidad, de la soledad y de las situaciones de dependencia, todas las instancias tienen que colaborar. La aportación que las farmacias realizan a nuestro sistema de atención primaria ha de ir a más. Porque en buena medida son eso: la primera atención; y en algunos núcleos rurales, la única permanente.
En este sentido, he seguido con interés las propuestas del Consejo General de Farmacéuticos para una mejor integración de la profesión en el SNS, en particular en materia de salud pública. Las dos primeras piden implantar una cartera concertada de Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales desde la Farmacia Comunitaria para contribuir al fortalecimiento de la Atención Primaria e integrar a los farmacéuticos y a la Farmacia Comunitaria en las estrategias de Salud Pública y en el nuevo Sistema de Vigilancia de la Salud Pública.
El reto no es nuevo y diré que tampoco fácil. Enfrenta barreras e incomprensiones y requiere sobre todo de un diálogo constructivo entre profesiones sanitarias. Todos tienen que sentir que ganan porque todos comparten un mismo interés que es el del paciente.
Otras medidas relativas al desarrollo profesional han sido largamente demandadas y no hay duda de su conveniencia. En cuanto a la Salud Pública, tampoco hay nada que demostrar. Las farmacias son la plataforma ideal para la promoción de la salud y la prevención. Lo vienen haciendo con resultados acreditados, pero siempre me he preguntado por qué no se las ha aprovechado más.
Afortunadamente, nuevas iniciativas y programas surgen en distintas comunidades y la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública puede suponer un punto de inflexión.
El consenso en torno al modelo farmacéutico español sigue siendo mayoritario. Los ciudadanos lo valoran. Los retos se conocen y hay una buena hoja de ruta, con una lista de tareas apasionantes que cumplir. Pues si sabemos lo que queremos y cómo lo haríamos, no es tiempo de dilaciones. Porque España cuenta con una fortaleza o si se quiere una ventaja competitiva, que son nuestros profesionales y su vocación de servicio. Saquémosles el mayor partido. Porque lo que no se usa se desgasta y lo que no se pone en valor termina por no valorarse.
*Artículo publicado en el libro «El Valor de la Farmacia. Una perspectiva social y sanitaria», una obra que reúne las reflexiones de más de 60 personalidades vinculadas al ámbito sanitario e institucional y que aborda el papel de la Farmacia en el sistema sanitario y en la sociedad desde perspectivas diversas. Su presentación tuvo lugar en el marco de una jornada organizada por el Consejo General con motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico.
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