Aina Calvo Sastre. Secretaria de Estado de Seguridad. Ministerio del Interior
El artículo 104 de la Constitución Española encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades en un marco de seguridad ciudadana. Una misión que implica prevenir el delito, investigarlo una vez perpetrado y, en cualquier circunstancia, auxiliar a ciudadanas y ciudadanos y resguardar bienes y patrimonio tanto privados como colectivos.
La eficacia de Policía Nacional y Guardia Civil, también de las policías autonómicas y locales, hace que España sea uno de los países más seguros del mundo, como prueban indicadores como la tasa de criminalidad.
Uno de los factores que explican esta realidad es la fortaleza de los poderosos lazos de colaboración que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la sociedad civil española han sabido tejer a lo largo del tiempo, vínculos que permiten a los cuerpos policiales detectar de manera temprana las necesidades de seguridad de la ciudadanía a la que protegen.
En este marco se asientan los cauces institucionales de cooperación y coordinación construidos entre la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Las más de 22.000 farmacias comunitarias existentes en España no son solo puntos de venta de medicamentos. Son el primer escalón del sistema público sanitario, espacios de atención primaria accesibles con una amplia distribución geográfica y gran capilaridad en el territorio, lo que las convierte en puntos de contacto estratégico para detectar situaciones de vulnerabilidad en personas que puedan estar expuestas a riesgos o amenazas.
Las farmacias comunitarias ofrecen a las personas un entorno cercano y accesible, seguro y humano, para consultas íntimas que permiten detectar realidades que a veces escapan a otros observatorios sociales.
El personal farmacéutico suele ser el primero en detectar síntomas de riesgo en el caso de personas mayores, víctimas de violencia de género, menores víctimas de malos tratos o con problemas de alcoholismo, así como la desaparición de personas que, sin motivo aparente, dejan de acudir al establecimiento.
Este radar social es una ayuda indispensable para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refuercen sus mecanismos de detección temprana de situaciones de riesgo para la población, en especial aquellos grupos más vulnerables, y desplegar una respuesta eficaz ante dichas problemáticas.
Por esa razón, desde hace años se ha ido articulando un armazón de protocolos y programas piloto que encauzan la colaboración entre Policía Nacional y Guardia Civil con la red de farmacias comunitarias para mejorar la prevención de agresiones, la detección precoz de abandono o conductas depresivas o autolesivas.
Hoy, las farmacias comunitarias y las patrullas de las unidades de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional y Guardia Civil han consolidado sólidas cadenas de protección en las que las fases de detección, derivación, defensa y seguimiento funcionan como un continuo que garantiza el amparo de las personas en situación de vulnerabilidad.
El convenio firmado en marzo de 2025 entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos fijó los criterios básicos de colaboración y coordinación entre ambas instituciones con el objetivo de garantizar la protección de las personas mayores de edad, menores o con diversidad funcional en las que concurra una situación de especial vulnerabilidad ante determinados fenómenos, delincuenciales o no, y dar una correcta atención y asistencia tanto a las víctimas como a sus familiares.
Gracias al convenio, que fue una iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el personal especializado de Policía Nacional y Guardia Civil asesora al personal farmacéutico para una mejor detección de esas señales de alarma y generar canales de comunicación ágiles que hagan posible habilitar cuanto antes medios de prevención o de auxilio.
Este convenio no oculta su ambición integral y holística, y es el instrumento que ha permitido elaborar un protocolo general de cooperación de la farmacia comunitaria y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Ministerio del Interior) que está siendo sometido a sendas pruebas piloto en la provincia de Zamora y la Región de Murcia, en las que participan Policía Nacional y Guardia Civil.
Este protocolo específico recoge una serie de indicadores de riesgo que permiten al personal farmacéutico identificar de forma precoz situaciones que pueden predecir una desaparición como cambios bruscos de comportamiento, desorientación, aislamiento, exclusión social o entornos familiares conflictivos, al objeto de poder dar una alerta preventiva que active los mecanismos de prevención.
Asimismo, el protocolo establece los procedimientos de actuación cuando la desaparición ya se ha confirmado, para lo que integra a las farmacias como colaboradoras en las labores de localización.
Con este protocolo, la Secretaría de Estado de Seguridad pretende aprovechar el potencial y la profesionalidad de la farmacia para prevenir la desaparición de personas vulnerables. Por eso, tras la evaluación de las dos experiencias piloto en curso, la iniciativa se desplegará de manera progresiva en todas las farmacias españolas.
Un repaso a la estrategia de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos debe dedicar un destacado espacio al transcendental papel que juegan las farmacias comunitarias en la lucha contra la violencia de género, uno de los ámbitos de actuación prioritarios para el Ministerio del Interior y el Gobierno de España.
La actuación de las farmacias comunitarias en el ámbito de la lucha contra la violencia machista está recogida en un protocolo de colaboración que las vincula con los ministerios de Igualdad, de Sanidad y del Interior, en este caso a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En virtud de ese acuerdo, más de 14.000 farmacias comunitarias funcionan ya como “puntos violeta”, espacios seguros integrados en la red de protección frente a las violencias contra las mujeres, con capacidad para informar, orientar y activar derivaciones hacia Policía Nacional o Guardia Civil cuando sea necesario.
El rol de estos “puntos violeta” farmacéuticos es crucial en el sistema institucional de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género, porque son víctimas que acuden con mayor frecuencia a los servicios sanitarios y, por consiguiente, a las farmacias en su condición de establecimientos integrados en el sistema sanitario.
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa de víctimas de la violencia machista, en numerosas ocasiones, enfrenta la comprensible reticencia inicial de muchas mujeres a denunciar su situación por diferentes factores sociales, culturales o psicológicos, como el temor a enfrentar los miedos y el dolor emocional que esta situación entraña, el no reconocerse como víctima de violencia de género o no ser consciente de su vivencia, o la vergüenza a dar a conocer su vulnerabilidad.
Para poder prestar la ayuda, apoyo y protección que les brindan las instituciones públicas, la detección precoz es primordial.
En este sentido, la farmacia comunitaria es determinante por su capacidad de derivación protegida, porque la alerta anónima de los “puntos violeta” farmacéuticos facilita la temprana actuación de Policía Nacional y Guardia Civil en virtud del “protocolo cero” que permite a sus agentes desplegar sus capacidades de protección, incluso, cuando la mujer no puede o no quiere denunciar.
Así, las farmacias comunitarias se convierten en espacios abiertos y seguros con profesionales preparados y preparadas para detectar y orientar a cualquier mujer que lo necesite y, en su caso, apretar el interruptor que despliega el vasto dispositivo de apoyo y asistencia diseñado para protegerlas a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una herramienta policial centralizada del Ministerio del Interior para evaluar, seguir y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.
La violencia de género afecta al cincuenta por ciento de la población, es un problema de derechos humanos y de salud pública que reclama modelos de intervención intersectorial donde sanidad, educación, servicios sociales, operadores jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc., forman una red de protección esencial. Y las farmacias comunitarias son una de sus puertas de entrada más seguras.
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Farmacia son tres instituciones con un altísimo reconocimiento social porque la ciudadanía es consciente del sacrificio y la profesionalidad que despliegan en todo momento sus integrantes con el único objetivo de salvar vidas. Por eso, su más estrecha colaboración es imprescindible. Por eso y porque, cooperando, construimos una sociedad más justa y un país mejor.
*Artículo publicado en el libro «El Valor de la Farmacia. Una perspectiva social y sanitaria», una obra que reúne las reflexiones de más de 60 personalidades vinculadas al ámbito sanitario e institucional y que aborda el papel de la Farmacia en el sistema sanitario y en la sociedad desde perspectivas diversas. Su presentación tuvo lugar en el marco de una jornada organizada por el Consejo General con motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico.
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