José Luis Bancalero Flores. Exconsejero de Sanidad de Aragón.
La prestación farmacéutica constituye uno de los elementos estructurales que mejor reflejan el compromiso de nuestro sistema sanitario con la equidad. Desde su configuración como derecho integrado en la cartera común del Sistema Nacional de Salud, el acceso a los medicamentos está garantizado y es accesible para todos los ciudadanos, conforme a los criterios establecidos en un marco normativo común. Esto, sin duda, ha contribuido a mejorar los resultados en salud y a incrementar la esperanza de vida en las últimas décadas y ha reforzado la cohesión social.
La aprobación de la Ley 16/2003 supuso un punto de inflexión al consolidar la cohesión y calidad del sistema como principios fundamentales. A su vez, el Real Decreto 1030/2006 delimitó la cartera común de servicios, garantizando que la prestación farmacéutica se ofreciera en condiciones equivalentes en todo el territorio.
Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/2015 reforzó la regulación de la financiación pública, el procedimiento de fijación de precios y el uso racional del medicamento, aportando seguridad jurídica y homogeneidad en la toma de decisiones en el ámbito del medicamento.
En este marco normativo, la oficina de farmacia es reconocida como establecimiento sanitario integrado en el sistema, responsable de la dispensación, de la atención farmacéutica y de la colaboración activa en el uso racional del medicamento, desempeñando así un papel esencial en el sistema sanitario y directamente en la salud de los ciudadanos.
Junto a la regulación estatal, la gestión autonómica tiene un papel esencial. La descentralización supuso una adaptación organizativa. Las comunidades autónomas hemos desarrollado instrumentos de gestión, seguimiento y control, dentro de un marco común que preserva la igualdad de derechos de los ciudadanos.
Esta combinación de unidad normativa y gestión próxima al territorio ha demostrado ser eficaz para responder a las necesidades asistenciales reales de atención farmacéutica, garantizando responsabilidad en la administración de los recursos públicos.
De este modo, la planificación territorial de la red de oficinas de farmacia es un elemento esencial y clave de cohesión sanitaria. El modelo español, basado en criterios de población y distancia, permite garantizar la accesibilidad y la dispensación de calidad en cualquier lugar del territorio, donde la farmacia actúa no solo como punto de dispensación y atención farmacéutica, sino como recurso sanitario de proximidad y referencia estable para la población.
La farmacia actúa no solo como punto de dispensación y atención farmacéutica, sino como recurso sanitario de proximidad y referencia estable para la población»
La red de farmacias constituye una infraestructura sanitaria con gran capilaridad territorial y, en muchos municipios, mantiene una presencia diaria continuada que le otorga un papel estratégico en la vertebración del territorio y como garante del derecho a la prestación farmacéutica.
Hay que destacar que, en los núcleos rurales pequeños, donde la población envejece, la farmacia permanece, asegurando continuidad terapéutica y ofreciendo una atención directa y profesional que refuerza la cohesión social y sanitaria.
La experiencia vivida en los momentos más exigentes para nuestro sistema sanitario puso de relieve esta función. La red de farmacias mantuvo su actividad, aseguró el abastecimiento de medicamentos y ofreció atención sanitaria cercana cuando más se necesitaba. Esa respuesta no fue improvisada o circunstancial, sino consecuencia de un modelo consolidado, profesional y comprometido con el interés general.
Este modelo es especialmente relevante en comunidades con amplia dispersión geográfica, como Aragón, donde la farmacia comunitaria adquiere una dimensión especialmente significativa.
Cuando los núcleos de población son pequeños, las distancias largas y el envejecimiento es una realidad creciente, la oficina de farmacia no es solo un establecimiento sanitario más: es un punto de apoyo para muchos vecinos, el lugar al que acuden para resolver dudas, donde se resuelven problemas con la medicación y se mantiene un contacto directo y cercano con el profesional sanitario que está al frente de la misma.
Todo ello es posible gracias a la relación de confianza y colaboración mantenida entre la administración sanitaria y los profesionales farmacéuticos. Una relación construida sobre el reconocimiento de competencias, la responsabilidad compartida y la orientación al interés general.
Esta colaboración institucional permite que la cercanía de la farmacia comunitaria al ciudadano se traduzca en actuaciones concretas y útiles para el sistema, como el desarrollo de campañas de salud pública, programas de educación sanitaria o iniciativas de seguimiento de pacientes crónicos y polimedicados.
Es en el territorio, en cada municipio y en cada farmacia abierta cada día, donde la equidad sanitaria deja de ser un principio teórico para convertirse en una realidad tangible para los ciudadanos.
Asimismo, la extensión de la receta electrónica interoperable entre comunidades autónomas ha sido un avance significativo. Permite que un ciudadano desplazado pueda retirar su medicación en cualquier punto de España, manteniendo la continuidad terapéutica. Esta herramienta interoperable refuerza la dimensión nacional del derecho a la prestación y consolida a la farmacia comunitaria como puerta de entrada efectiva al sistema sanitario.
Pero esta cohesión territorial no es una realidad estática, sino un compromiso que debe preservarse y adaptarse a los cambios sociales, demográficos y científicos de nuestro tiempo. La incorporación constante de innovación terapéutica, la mayor complejidad de los tratamientos cada vez más personalizados, el envejecimiento progresivo de la población, con mayor consumo de tratamientos, y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema exigen una actualización del marco normativo nacional y organizativo.
Es imprescindible, en este momento, avanzar en reformas que refuercen este sólido modelo consolidado en España de atención farmacéutica a través de las oficinas de farmacia e incorporar, además, criterios sólidos y transparentes para la financiación de medicamentos.
Es imprescindible, en este momento, avanzar en reformas que refuercen este sólido modelo consolidado en España de atención farmacéutica a través de las oficinas de farmacia»
Para ello, es necesario que estos principios queden claramente recogidos en la futura Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo Anteproyecto fue publicado en abril de 2025, y que deberá configurar un modelo farmacéutico adaptado a la nueva realidad farmacoterapéutica, demográfica y asistencial.
En ese nuevo marco normativo, la oficina de farmacia ha de desempeñar un papel aún más relevante, acorde con su implantación territorial, su capacidad profesional y su contribución efectiva a la accesibilidad, la continuidad terapéutica y la cohesión del sistema sanitario.
Por otra parte, la transformación digital representa también una oportunidad estratégica. La interoperabilidad de los sistemas de información, el desarrollo de la receta electrónica, el acceso estructurado a la información clínica y la implantación de nuevas herramientas tecnológicas permiten mejorar la coordinación asistencial y optimizar el seguimiento farmacoterapéutico.
Integrar plenamente a la farmacia comunitaria en estos circuitos digitales, dotándola de mayor capacidad de interacción con el resto de los niveles asistenciales, contribuirá a potenciar su función sanitaria, mejorar la continuidad de cuidados y reforzar su papel como agente activo en la atención personalizada al paciente.
Y toda esta modernización no implica cuestionar los principios que han sustentado el modelo hasta el momento, sino fortalecerlos para que sigan garantizando igualdad efectiva en el acceso y cohesión real en todo el territorio nacional.
El liderazgo institucional, en este momento, debe centrarse en algo muy claro: preservar la igualdad básica de derechos que hemos construido durante décadas, gestionar con rigor los recursos públicos y fortalecer la colaboración con quienes están cada día en contacto directo con los ciudadanos.
En ese contexto, la farmacia comunitaria es y seguirá siendo un aliado estratégico. Su presencia constante, su cercanía y su capacidad de respuesta la convierten en una pieza clave para mantener una accesibilidad real.
El reto es consolidar lo que funciona, impulsar las reformas que siguen pendientes y adaptar nuestro marco a una realidad científica y económica que cambia con rapidez y aprovechar el impulso de las nuevas tecnologías.
Y debemos hacerlo sin perder la perspectiva: la cohesión territorial se mide en la capacidad del sistema para llegar a cada ciudadano, en cualquier municipio, por pequeño que sea, y garantizarle acceso a su tratamiento con seguridad, calidad y continuidad. Esa es la verdadera prueba de un sistema sanitario sólido y comprometido con la equidad.
La prestación farmacéutica española ha evolucionado sobre una base de universalidad, financiación pública, evaluación técnica previa y planificación territorial»
En términos globales, la prestación farmacéutica española ha evolucionado sobre una base de universalidad, financiación pública, evaluación técnica previa y planificación territorial. Este recorrido ha permitido construir un modelo homogéneo, equitativo en el acceso y sostenible en su diseño, que ha de evolucionar de la mano de la farmacia comunitaria potenciando su papel como agente clave en el sistema sanitario.
*Artículo publicado en el libro «El Valor de la Farmacia. Una perspectiva social y sanitaria», una obra que reúne las reflexiones de más de 60 personalidades vinculadas al ámbito sanitario e institucional y que aborda el papel de la Farmacia en el sistema sanitario y en la sociedad desde perspectivas diversas. Su presentación tuvo lugar en el marco de una jornada organizada por el Consejo General con motivo de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico.
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