El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de julio, el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, dando así paso al inicio de su tramitación parlamentaria.
El texto ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados, donde comenzará el proceso legislativo previsto a principios de septiembre de 2026. Será entonces cuando se abra el plazo para presentar enmiendas antes de su discusión en comisión y su posterior votación en el Pleno del Congreso.
Posteriormente, será remitido al Senado para su revisión. El objetivo del Ministerio de Sanidad es que la norma quede definitivamente aprobada antes de que finalice 2026 o, como muy tarde, en los primeros meses de 2027.
Posicionamiento del Consejo General
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos considera que el proyecto incorpora avances significativos respecto al borrador conocido el pasado año. La organización destaca que muchas de las mejoras introducidas coinciden con las más de 200 alegaciones presentadas durante el proceso de consulta. No obstante, sostiene que el texto precisa incorporar, durante su tramitación parlamentaria, mejoras relevantes para garantizar la seguridad de los pacientes, la equidad en el acceso a los medicamentos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la sostenibilidad de la red de farmacias.
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos reclama mejoras en la tramitación del Proyecto de Ley del Medicamento para reforzar la seguridad de los pacientes y la equidad en el acceso»
Respaldo al modelo de farmacia comunitaria
Uno de los aspectos más valorados por el Consejo General es el respaldo explícito al modelo de farmacia español, basado en la planificación sanitaria, la titularidad farmacéutica, la concertación con las administraciones sanitarias y la cercanía. El texto reconoce el valor de la red sanitaria integrada por más de 22.273 farmacias comunitarias, que garantiza el acceso a los medicamentos en todo el territorio nacional y constituye uno de los principales instrumentos de cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud.
El Proyecto de Ley refuerza el modelo español de farmacia y el valor de la red de 22.273 farmacias comunitarias como garantía de universalidad en el acceso a los medicamentos»
El Consejo General valora también positivamente que este modelo se refuerce en el proyecto de ley con la incorporación de la atención farmacéutica domiciliaria para personas vulnerables, a través de la red de farmacias de proximidad, y la consolidación de la denominación de oficinas de farmacia como «comunitarias», en reconocimiento al papel asistencial que desempeña la farmacia en el día a día de su comunidad.
El proyecto incorpora igualmente avances muy positivos en el reconocimiento del papel asistencial del farmacéutico. Destaca la inclusión de la dispensación por el farmacéutico de los “medicamentos de primera prescripción”, que, en situaciones determinadas, pueden ser dispensados al paciente en sucesivas ocasiones sin prescripciones adicionales, bajo el consejo profesional farmacéutico, así como la presencia en los Consejos de Coordinación Farmacoterapéutica de las Zonas Básicas de Salud, que refuerzan la colaboración entre profesionales sanitarios y la continuidad asistencial de los pacientes.
El Consejo General valora la incorporación de la atención farmacéutica domiciliaria y el reconocimiento del papel asistencial del farmacéutico»
Servicios farmacéuticos y sostenibilidad
Pese a estos avances, el Consejo General considera que la futura ley desaprovecha la oportunidad de establecer un marco regulador básico para los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales. La organización defiende que una regulación específica permitiría extender de forma homogénea prestaciones como el seguimiento farmacoterapéutico, la mejora de la adherencia a los tratamientos, la prevención o la promoción de la salud, servicios que ya han demostrado resultados positivos en distintas comunidades autónomas.
La sostenibilidad económica de la red de farmacias constituye otra de las principales preocupaciones del sector. Aunque el proyecto reconoce el valor sanitario y social de las oficinas de farmacia, el Consejo General advierte de que ese reconocimiento debe ir acompañado de medidas que garanticen su viabilidad económica, especialmente en las zonas donde desempeñan un papel esencial para asegurar el acceso de la población a los medicamentos.
Garantías de equidad en el acceso a medicamentos
En materia de financiación, el Consejo General valora que el Gobierno haya eliminado el sistema de precios seleccionados previsto en versiones anteriores del texto y lo haya sustituido por un modelo basado en rangos de precios y mecanismos dinámicos. Sin embargo, considera que la nueva propuesta sigue generando incertidumbre, tanto por su complejidad técnica como por sus posibles efectos sobre pacientes, farmacias e industria.
En este sentido, recuerda que el Consejo de Estado ya advirtió en su dictamen de la complejidad del nuevo sistema y de la ausencia de un consenso suficiente sobre sus consecuencias económicas y en materia de competencia. Además, señalaba la necesidad de un análisis más profundo y cuestionaba la claridad de la redacción de los artículos dedicados al régimen de precios.
Según el Consejo General, el modelo planteado podría provocar diferencias económicas entre pacientes con las mismas necesidades terapéuticas, favorecer copagos inevitables y comprometer el principio de equidad en el acceso a los medicamentos. También alerta de posibles efectos negativos sobre la continuidad de los tratamientos, la adherencia terapéutica, el suministro de medicamentos y la sostenibilidad de las farmacias comunitarias.
Reservas singulares y barreras de acceso
El Consejo General advierte de que trasladar al paciente la elección del medicamento puede generar inequidades y riesgos para la seguridad»
Otra de las cuestiones que suscita preocupación es el sistema previsto para la dispensación de medicamentos.
El proyecto atribuye al paciente la elección del medicamento dentro de una agrupación homogénea que puede incluir diferentes presentaciones. Para el Consejo General, esta medida puede introducir riesgos para la seguridad del paciente, ya que la selección del medicamento constituye una decisión de carácter técnico, con implicaciones clínicas, que debe realizarse con el asesoramiento de los profesionales sanitarios. En este ámbito, reivindica el papel del farmacéutico como experto en el medicamento para garantizar tratamientos seguros, eficaces y eficientes.
El Consejo General también insiste en la necesidad de eliminar las denominadas reservas singulares de dispensación, que restringen el acceso a determinados medicamentos de uso hospitalario por razones organizativas o económicas, y no por criterios clínicos. A su juicio, el proyecto mantiene e incluso agrava esta situación, por lo que propone aprovechar la capacidad asistencial y la cercanía de la red de farmacias comunitarias para facilitar el acceso de los pacientes y eliminar barreras innecesarias.
Reclama eliminar las reservas singulares de dispensación para evitar barreras de acceso a medicamentos sin justificación clínica»
La tramitación parlamentaria, una oportunidad de mejora
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos considera que la tramitación parlamentaria representa una oportunidad para mejorar el proyecto de ley mediante el diálogo con los grupos políticos y el resto de agentes implicados.
La Organización Farmacéutica Colegial reafirma su disposición al diálogo e insta a una mejora de la norma durante su tramitación»
La Organización Farmacéutica Colegial mantiene su disposición a colaborar con el Ministerio de Sanidad, los grupos parlamentarios y el conjunto de agentes del sector para avanzar, desde el diálogo y el consenso, hacia una norma que fortalezca el Sistema Nacional de Salud, aproveche plenamente el potencial sanitario de la red de farmacias comunitarias y responda a las necesidades reales de los ciudadanos.
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