La desigualdad en la atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes es un problema de salud pública en España, donde todavía existen muros administrativos que, más allá del idioma, actúan como barreras y dificultan el ejercicio del derecho a la salud para este grupo de población.
El informe “La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad”, elaborado por ISGlobal de Barcelona con la colaboración del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica y presentado este mes de marzo, así lo refleja. Un informe que reclama entender el bienestar físico y mental de las personas migrantes —y su derecho a la atención sanitaria y sociosanitaria— como una cuestión de justicia social, pero también como un elemento clave para la sostenibilidad de los servicios esenciales que vertebran a la sociedad. Porque la salud de las personas migrantes no es un asunto ajeno: impacta directamente en la salud colectiva y en la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario.
Un informe que reclama entender el bienestar físico y mental de las personas migrantes —y su derecho a la atención sanitaria y sociosanitaria— como una cuestión de justicia social, pero también como un elemento clave para la sostenibilidad»
Además, proporcionar acceso regular a la atención preventiva para personas migrantes en situación irregular, en lugar de limitarlo solo a cuidados de emergencia, permitiría ahorrar aproximadamente un 9 % del coste sanitario al cabo de un año, un 12-13 % tras cinco años y hasta un 16 % a lo largo de toda la vida del paciente (9), según el informe.
La farmacia, por su proximidad, accesibilidad y capilaridad, se convierte para muchas personas migrantes en la primera puerta de entrada a un sistema sanitario que, en ocasiones, resulta infranqueable. Porque el farmacéutico entiende que cuidar la salud no es solo tratar enfermedades: es comprender contextos, reducir desigualdades y acompañar a las personas a lo largo de toda su vida.
Por eso la farmacia es también un recurso que las administraciones sanitarias deberían integrar plenamente en sus estrategias para llegar más y mejor a la población migrante que vive en nuestro país. Así lo recoge el decálogo de recomendaciones incluido en el informe del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica.
Entre esas propuestas destaca la necesidad de establecer un marco normativo homogéneo que garantice la universalidad en el acceso a la atención sanitaria y sociosanitaria para las personas migrantes, reduciendo las diferencias territoriales que hoy siguen existiendo.
Precisamente, la presentación del informe y de su decálogo ha coincidido en el tiempo con la aprobación, en Consejo de Ministros, del Real Decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal. Una medida que refuerza la universalidad del Sistema Nacional de Salud y elimina barreras administrativas que nunca debieron existir.
La presentación del informe y de su decálogo ha coincidido en el tiempo con la aprobación, en Consejo de Ministros, del Real Decreto que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública a personas extranjeras que viven en España sin residencia legal»
Otras propuestas del decálogo apuntan a la necesidad de establecer políticas y protocolos que garanticen las buenas prácticas para una asistencia sin discriminación; reforzar la coordinación y la continuidad en la atención; detectar tempranamente necesidades complejas; simplificar y agilizar los procedimientos de acceso a la asistencia; fortalecer la formación y competencias interculturales de los profesionales sanitarios y sociosanitarios; incorporar a mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural; integrar la participación comunitaria y de la sociedad civil, y asegurar financiación estable y planificación estratégica a largo plazo.
Aún queda camino por recorrer. Y en ese camino, tanto la Administración como las personas migrantes encontrarán en la farmacia —y en el farmacéutico— una mano siempre tendida»
Aún queda camino por recorrer. Y en ese camino, tanto la Administración como las personas migrantes encontrarán en la farmacia —y en el farmacéutico— una mano siempre tendida para proteger la salud y defender uno de los derechos fundamentales que ampara nuestra Constitución.
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