Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos iniciará una ronda de conversaciones con los distintos sectores implicados con el fin de propiciar cambios en el texto para que redunden en beneficio de la prestación farmacéutica al ciudadano.

Así, la Organización Farmacéutica Colegial tomará contacto con los partidos políticos, diputados, senadores, organizaciones de consumidores, asociaciones de pacientes y otras entidades que tengan relación directa o indirecta con el contenido del proyecto, tanto a nivel estatal como autonómico.

En un balance preliminar, el Consejo General sigue insistiendo en que no tiene sentido limitar al farmacéutico la sustitución entre medicamentos iguales por motivos sanitarios cuando está obligado a sustituir por razones económicas en el caso de prescripciones afectadas por precios de referencia.

El farmacéutico, en lo que respecta a la sustitución de medicamentos, asegura con su actuación profesional —avalada por su formación y capacitación—, que el paciente tenga el medicamento prescrito por el médico cuando lo necesite. Según los sondeos realizados por el Consejo General, se ha cotejado que las sustituciones realizadas no superan el 5% del total de las dispensaciones, y que éstas siempre se realizan con el consentimiento del paciente y diligenciadas por el farmacéutico.

En relación con la receta médica, el Consejo General de Farmacéuticos defiende su exigencia para los medicamentos que la requieren. Sin embargo, la redacción actual del proyecto deja a estos profesionales sin responsabilidad sanitaria ante situaciones que pueden plantear los pacientes en las oficinas de farmacia, por lo que no tiene sentido la inclusión del término “nunca”.

Asimismo, el Consejo General va a seguir defendiendo la legalidad de los descuentos a las farmacias por parte de laboratorios y almacenes de distribución, ya que se trata de una práctica legal y transparente, que cotiza a Hacienda y no está prohibida por la Directiva Europea 2001/83/CEE. Según ha manifestado en reiteradas ocasiones el Consejo General, l os descuentos no distorsionan el uso racional de los medicamentos, ya que no inducen a su consumo, puesto que el farmacéutico dispensa únicamente a la Seguridad Social el número de ejemplares que se prescriben mediante receta.

Por último, insistir en que el farmacéutico, como profesional experto en el medicamento, ha de tener una especial relevancia en una Ley que aborda, precisamente, el mundo del Medicamento. Y por ello, el Consejo General seguirá trabajando para que la farmacia y el farmacéutico continúen desempeñando un papel destacado y relevante en la vertebración del sistema sanitario español.


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